Psicología y psicopatología forense (judicial)
La psicología forense, o a veces denominada psicología judicial, representa un conjunto de subdisciplinas de la psicología aplicada dentro del sistema legal o judicial. Los psicólogos forenses pueden ocuparse no solo de cuestiones relacionadas con la psicología criminal—que en realidad constituye una subdisciplina de la psicología forense—sino también de otros asuntos en el marco de los procesos judiciales civiles. Finalmente, los psicólogos forenses también pueden participar en el tratamiento de personas institucionalizadas que han sido condenadas legalmente por delitos penales.
La psicología forense está presente en diversas áreas de la vida social. En algunos países, los psicólogos forenses también se dedican a la elaboración de perfiles criminales, con el objetivo de identificar a los sospechosos de delitos utilizando la información recogida en la escena del crimen. En nuestro sistema judicial, los psicólogos judiciales (comúnmente denominados “peritos judiciales”) participan en las diligencias de investigación mediante la elaboración de perfiles de personalidad de los sospechosos o de las posibles víctimas en casos de delitos cometidos. El perfilado de los sospechosos se lleva a cabo principalmente durante los procedimientos de investigación, los cuales son generalmente dirigidos por las fiscalías. En ocasiones, los tribunales que han confirmado acusaciones contra sospechosos identificados también solicitan perfiles de personalidad de sospechosos o víctimas, normalmente con el fin de confirmar o refutar los hallazgos de los peritos judiciales obtenidos durante la fase investigativa, o para evaluar la capacidad procesal del acusado.
La motivación criminal y el sistema judicial son complejos, por lo que los psicólogos forenses abordan una variedad de temas, desde el arresto de sospechosos hasta el análisis de la escena del crimen, de las víctimas del delito, o de la competencia de los testigos para declarar durante el juicio, especialmente si han sido propuestos como testigos por parte de las autoridades judiciales. Los psicólogos forenses o judiciales pueden ser de gran ayuda en el proceso de investigación, facilitando la identificación de sospechosos y posibles víctimas, es decir, colaborando con los órganos de investigación para resolver los casos con mayor rapidez.
No todos los procesos legales deben iniciarse ante las autoridades judiciales (fiscalías y tribunales); ciertos problemas sociales—principalmente de carácter familiar—pueden resolverse a través de instituciones de asistencia social. Los centros de trabajo social son competentes en casos de divorcio, decisiones sobre la custodia de menores y la protección de los derechos de los niños y de las categorías vulnerables de la población. En estos casos, los psicólogos forenses pueden aportar significativamente en la detección de ciertos problemas y en su tratamiento por parte de la comunidad.
Uno de los roles más relevantes de los psicólogos forenses podría ser en la llamada terapia o asesoría forense-psicológica, en la cual se solicita a los psicólogos forenses que evalúen si una persona padece algún trastorno psicológico. En tales circunstancias, los psicólogos forenses actúan como peritos judiciales y testifican ante el tribunal como “testigos expertos”. Pueden ser llamados a declarar tanto a favor de la fiscalía como en defensa del sospechoso o acusado. Una vez dictada la sentencia, los psicólogos forenses participan en la evaluación y rehabilitación de los delincuentes, determinando los tipos de tratamiento más eficaces y, en muchos casos, participando activamente en dichos tratamientos.
La psicopatología es un término general que se refiere a la explicación de los trastornos mentales o de los daños psicológicos en la práctica profesional y en la investigación científica. La psicopatología representa el fundamento científico sobre los trastornos mentales, intentando explicar de qué manera las enfermedades o trastornos mentales influyen en el pensamiento y el comportamiento humano. La psicopatología forense combina la psicopatología con el sistema legal y las cuestiones jurídicas, contribuyendo a la aplicación de teorías y prácticas psicopatológicas en el ámbito de los procesos legales.
La psicología forense, por otro lado, es un área especializada dentro del ámbito jurídico que se centra en la práctica de la psicología clínica en el contexto de cuestiones forenses o procesales (por ejemplo, procesos de divorcio, decisiones sobre custodia, evaluación de la competencia para participar en un juicio, valoración de la capacidad psicológica para celebrar actos jurídicos, etc.). Por lo tanto, la psicología forense no implica necesariamente el tratamiento de trastornos mentales, pero sí se ocupa de detectarlos en el marco de la evaluación de la personalidad y de las capacidades de las personas involucradas en el sistema jurídico civil, sin que necesariamente exista una relación con la psicología criminal o la psicopatología forense.
La psicología forense se ocupa de la evaluación psicológica de personas que están involucradas de alguna manera en el sistema legal (evaluación de víctimas de delitos penales, acusados o sospechosos, testigos en el proceso, niños y padres en casos de divorcio, adultos en el contexto de su capacidad para seguir un proceso judicial, etc.). Los psicólogos forenses—especialmente los peritos judiciales—están especialmente formados (o deberían estarlo) en las siguientes áreas:
- Abuso infantil y casos de custodia, incluida la evaluación de la competencia parental;
- Imputabilidad penal (en equipo con peritos psiquiatras) y competencia para ser juzgado;
- Evaluación de amenazas potenciales en el entorno escolar;
- Evaluación de víctimas de delitos penales;
- Evaluaciones psicológicas de las partes involucradas en procesos judiciales;
- Evaluación y tratamiento de delincuentes juveniles y jóvenes adultos;
- Servicios de asesoramiento psicológico;
- Elaboración de planes de psicodiagnóstico y tratamiento.
Los psicólogos forenses, o peritos judiciales, deben estar profundamente familiarizados con el sistema legal, los procedimientos y las leyes de determinadas áreas (Código de Procedimiento Penal, Código Penal, Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Código de Procedimiento Civil, Ley de Protección y Tratamiento de Niños y Adolescentes en el Proceso Penal, Ley de Familia, Ley de Protección contra la Violencia Doméstica, entre otras – nota: estas leyes se tratan de las leyes validas en Bosnia y Herzegovina). Están autorizados para realizar evaluaciones clínicas, llevar a cabo entrevistas clínico-forenses, y redactar dictámenes y opiniones, es decir, informes sobre evaluaciones psicológicas clínico-forenses realizadas e investigaciones científico-profesionales, que suelen documentarse mediante un informe psicológico forense.
La psicopatología forense se centra en la psicodiagnosis precisa de enfermedades/trastornos mentales con el objetivo de evaluar, diagnosticar e identificar el plan de tratamiento más adecuado para la persona evaluada. Los resultados de dichas evaluaciones deben ser presentados ante el tribunal, interpretando los hallazgos obtenidos durante la evaluación clínico-forense. El especialista puede analizar indicadores psicopatológicos que influyen en el razonamiento y el juicio durante la comisión del delito (tempore criminis). Estos datos pueden servir como base para determinar si el sospechoso es penalmente responsable y puede ser declarado culpable, o si el trastorno mental constituye un factor clínicamente relevante en la decisión judicial (por ejemplo, si es necesario aplicar medidas de tratamiento psiquiátrico-psicológico).
En la comprensión de los fenómenos y procesos psicopatológicos, el factor más importante es la capacidad del individuo para tomar decisiones basadas en el insight, seguida de su capacidad de razonamiento, juicio y sistema de valores morales. Los trastornos neurológicos, las enfermedades mentales, las condiciones fisiológicas y los estados médicos derivados de ciertos diagnósticos—incluidos el abuso de alcohol y de sustancias psicoactivas—pueden afectar la capacidad de la persona para controlar sus acciones. Dichos estados pueden provocar cambios significativos y dificultades en el funcionamiento psicológico, lo que puede llevar a descargas emocionales intensas, como la ira, que pueden escalar a reacciones explosivas, y en algunos casos, tener consecuencias fatales.
La evaluación de la responsabilidad penal es de suma importancia en los procesos judiciales. Los peritos judiciales—psicólogos forenses y psicopatólogos, junto con los psiquiatras forenses—colaboran en la elaboración de dictámenes y opiniones expertas, es decir, en responder a la pregunta sobre el grado de responsabilidad penal del sospechoso o acusado. Nuestro sistema legal (el de Bosnia y Herzegovina) reconoce este aspecto mediante la figura de la «imputabilidad», que se define, en términos generales, como la incapacidad del autor del delito para controlar sus actos en el momento del crimen (tempore criminis) debido a la existencia de indicadores psicopatológicos que podrían eximirlo de responsabilidad penal.
No obstante, la exención de responsabilidad penal por inimputabilidad no implica que el autor del delito sea puesto en libertad, como ocurría en el pasado por la falta de instituciones forenses que pudieran albergar a tales personas (en Bosnia y Herzegovina, este fue quizás el único caso en Europa donde estos infractores forenses no tenían un lugar adecuado para ser internados y, por tanto, eran liberados). Una persona declarada inimputable debe ser ingresada en una institución forense especializada en tratamiento psiquiátrico, y por eso, la respuesta final sobre la imputabilidad debe ser dada por un perito judicial en (neuro)psiquiatría. Los peritos psicólogos pueden colaborar en la evaluación y testeo del autor durante el proceso de peritaje u observación, y ofrecer una conclusión y opinión sobre su capacidad para controlar sus actos tempore criminis, pero los peritos psiquiatras deben proporcionar la confirmación legal de tales hallazgos.
Nuestro sistema jurídico también contempla grados de imputabilidad, como la llamada «imputabilidad notablemente disminuida», que indica que el autor del delito tenía una capacidad significativamente reducida para controlar sus acciones debido a indicadores psicopatológicos. En estos casos, el autor del delito suele ser considerado penalmente responsable, se le impone una pena de prisión, pero esta se acompaña de una medida obligatoria de tratamiento por enfermedad mental (es decir, tratamiento psiquiátrico obligatorio) o por alcoholismo o drogodependencia, si se demuestra que estas condiciones contribuyeron a la comisión del delito, es decir, si se pueden vincular directamente con el estado mental del autor tempore criminis.
Llegar a un diagnóstico psicológico final en diferentes estados psicopatológicos puede ser un proceso muy difícil y exigente, especialmente cuando una persona no cumple con todos los criterios para el diagnóstico de un trastorno mental según las clasificaciones existentes de enfermedades mentales. Las características psicopatológicas observadas pueden influir en un diagnóstico psicológico provisional o diferencial, pero no se puede establecer un diagnóstico final de un estado psicopatológico si no se cumplen todos los criterios establecidos en las clasificaciones actuales de los trastornos mentales, si los síntomas son inconsistentes o si su duración es menor a la indicada en dichas clasificaciones.
La psicopatología forense se refiere específicamente a la comisión de delitos penales, así como a la personalidad de los autores y, en algunos casos, de las víctimas. Pueden ser de interés factores como la edad, competencias, enfermedades, trastornos mentales y otras variables que se consideran durante la evaluación de los delincuentes y de sus víctimas. Esta subdisciplina de la psicología forense se ocupa de comprender e investigar científicamente los trastornos mentales y su impacto en las capacidades conductuales y cognitivas de las personas involucradas en procesos judiciales—generalmente en procedimientos penales (como testigos, víctimas/partes perjudicadas, sospechosos/acusados)—aunque no se limita solo a procesos penales, sino que también se extiende a litigios civiles, y eventualmente a procedimientos administrativos y otros procesos judiciales.
